Queremos aprovechar este blog para informaros de las Jornadas que vamos a realizar durante los día 8 y 9 de junio y cuyo programa podéis ver en Próximos Eventos y para presentar nuestra Asociación e informaros de la situación en que se encuentra el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante.
AFAPI-HPPA se constituyó en marzo del año 2007 y está formada por familiares y amigos de pacientes ingresados en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante que se encuentran cumpliendo una medida de seguridad.
En España solamente existen dos Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios uno en Alicante y otro en Sevilla, entre los dos se distribuyen todas las personas con enfermedad mental que tienen que cumplir una medida de seguridad. A Alicante son derivados desde Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla-León, Castilla- La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Extremadura, Andalucía y Canarias. Actualmente hay casi 400 personas ingresadas. De nuestra Comunidad de Madrid había el pasado mes de agosto 50 personas.
Observamos que desde que se produjo la Reforma Psiquiátrica de los 80 del siglo pasado, se ha avanzado algo, quedaron atrás los horribles manicomios de los que no queremos oír ni el nombre y se han creado algunos recursos, pero éstos siguen siendo insuficientes tanto en número, como en las distintas formas de asistencia que puedan garantizar la rehabilitación, reinserción e integración social y laboral de las personas con enfermedad mental.
Esta carencia de recursos provoca que el Sistema Sanitario falle en el diagnóstico, tratamiento o seguimiento, y en algunas ocasiones como consecuencia de esta falta de recursos, estas personas pueden descompensarse y en pleno brote psicótico realizar un hecho previsto como delito. Entonces, se da la paradoja de que si una persona está en esta situación ya no es atendida por el Sistema Sanitario sino por la Institución Penitenciaria.
Imaginamos la expresión de incredulidad en aquellos que no estén familiarizados con el tema pero así es, esto sucede en pleno siglo XXI y seguirá sucediendo hasta que todos nos demos cuenta de la necesidad de luchar por nuestro derecho a una adecuada atención sanitaria, lo cual incluye un Sistema de Salud Mental a la altura de un país civilizado.
Desde AFAPI queremos poner de manifiesto la necesidad de crear de una forma urgente toda una red de recursos tanto sociales como sanitarios para reducir al mínimo la posibilidad de que una persona con enfermedad mental cometa un hecho previsto como delito y en el caso de que éste se produzca pueda ser atendida desde un recursos de salud comunitario, por su condición de enfermo. Y así, lograr que no haya ninguna persona con enfermedad mental en prisión.
Análisis de la situación actual del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante
El Hospital Psiquiátrico de Fontcalent es el Hospital Público de Referencia en España para el tratamiento de las personas con enfermedad mental que han sido declaradas inimputables o exentos de responsabilidad criminal por el artículo 20.1 del Código Penal, tras pasar por un proceso judicial.
Fontcalent fue inaugurado en enero de 1.984 como una Comunidad Terapéutica, con capacidad para 250 pacientes, con proyectos tan innovadores como las Salidas Terapéuticas para sus pacientes, incluidos aquellos que procedían de los pabellones de judiciales de los antiguos manicomios, personas que llevaban muchos años sin ver la calle volvieron a pasear por ella gracias al personal del Psiquiátrico.
Sin embargo, los recursos del centro empezaron a faltar a mediados de la década de los noventa y alrededor del año 2.000 la situación del psiquiátrico pasó a ser de abandono por parte de la Administración. El Hospital Psiquiátrico de Fontcalent pasó a ser el almacén de los olvidados, un auténtico centro penitenciario para inimputables, que ha llegado a alcanzar una cifra de 403 pacientes, con un número cada vez menor de personal sanitario.
Si hiciésemos un símil entre los medios con los que cuenta actualmente el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent comparándolos con los que tiene el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, con todo nuestro aprecio y respeto hacia los pacientes, familiares y trabajadores de dicho centro, estaríamos comparando probablemente a una persona sin hogar que mendiga en la Puerta del Sol con los recursos de aquella persona que vive en los pisos situados frente al famoso reloj.
El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo dependía históricamente de la Seguridad Social pero actualmente, aún conservando su carácter nacional depende del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM), mientras que el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent, también con carácter nacional, depende de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que a su vez cuelga del paraguas del Ministerio del Interior.
Las competencias en asuntos penitenciarios en el Estado Español las tiene el Gobierno de la Nación, salvo las que corresponden a la Comunidad Autónoma de Cataluña que fueron transferidas y están gestionadas hoy en día a través de la Secretaría de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil (Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació I Justícia Juvenil) dependientes a su vez del Departamento de Justicia Catalán (Departament de Justícia).
En el año 2.003 la Administración Catalana inauguró la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria (UHPP) de Can Brians para tratar a las personas con enfermedad mental de los centros penitenciarios catalanes. Si comparamos las instalaciones y los medios de la UHPP de Can Brians y las del Psiquiátrico de Fontcalent los datos pueden dejar a más de uno sin palabras.
Mientras que Can Birans atiende a 67 pacientes con 7 psiquiatras, en el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent para casi 400 pacientes sólo hay 1 psiquiatra titular, que además es liberada sindical, como psiquiatra funcionaria de carrera del centro. Además de esta persona, en Fontcalent hay 2 psiquiatras contratados a tiempo completo y 5 a tiempo parcial, es decir, que pasan consulta durante dos horas un día a la semana. Los resultados de la comparación son aplastantes, prácticamente el mismo número de psiquiatras para dos cifras de pacientes tan distintas, 7 u 8 psiquiatras para 400 pacientes en Alicante, 7 psiquiatras para 67 pacientes en Can Brians.
Por si esto fuera poco, la inestabilidad de la plantilla de psiquiatras es una constante, ya que las condiciones de trabajo, cláusula de exclusividad, etc. provocan que haya un continuo cambio de psiquiatra que atiende a nuestros familiares y amigos, tanto en lo que se refiere a los que son contratados a tiempo completo, como los que lo son a tiempo parcial. Estos cambios constantes, sumados a los pocos minutos que les corresponden del “reparto” del psiquiatra entre los pacientes del módulo, tienen graves consecuencias en la evolución de los pacientes del psiquiátrico.
La plantilla de psicólogos del centro de Fontcalent se reduce a 3. Tres psicólogos para casi 400 pacientes. La plantilla de enfermeros y celadores es también escasa y desde el verano ya se da como algo habitual que el auxiliar de enfermería esté compartido entre dos módulos, hay 2 auxiliares para los 4 módulos, atendiendo cada auxiliar a 200 pacientes.
Actualmente, la falta de personal tiene consecuencias también en el programa estrella del psiquiátrico, como son las Salidas Terapéuticas acompañadas por personal del centro, como no hay personal suficiente, se recorta el número de salidas, lo que también perjudica a los pacientes en la evolución de su enfermedad.
Mientras tanto, el número de funcionarios de prisiones en el psiquiátrico asciende a 65 personas y a este respecto, proponemos que los funcionarios de prisiones vayan sustituyéndose paulatinamente por personal sanitario ya que es la propia legislación penitenciaria la que establece en su artículo 11.b (Ley Orgánica General Penitenciaria) que en los Centros psiquiátricos, en cuanto establecimiento especiales que son, “prevalece el carácter asistencial”. Y ese carácter asistencial supone el tratamiento médico propiamente dicho y los cuidados sanitarios.
Las quejas sobre la comida son habituales desde que se sustituyó el Cocinero contratado como personal laboral por una empresa de Catering, se está convirtiendo en algo frecuente el hecho de que la comida no llegue para todos los pacientes o que tengan que retirarla en mal estado como volvió a pasar el lunes 12 de enero de 2.009 cuando al menos 15 pacientes se quedaron sin comer porque los filetes de ternera estaban verdes y olían de tal manera que no había quien se acercase a ellos.
Pedimos actividades todos los días para nuestros familiares y amigos pero los domingos, días festivos, vacaciones de Navidad y verano se cierran los talleres. El resto de días la oferta que existe solo alcanza a 50 pacientes. ¿Qué hacen mientras los otros 350?
Todo esto transforma el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent en un ALMACÉN de personas con enfermedad mental en toda regla.
El Hospital Psiquiátrico de Fontcalent alberga pacientes que proceden de todas las Comunidades Autónomas, lo que conlleva dificultades por parte de las familias para visitar a los pacientes, desarraigo familiar, falta de apoyo social, peor evolución, etc.
El número de pacientes por Comunidad Autónoma de procedencia varía de una Comunidad a otra, aunque merece la pena contrastar el “uso abusivo” del psiquiátrico de Fontcalent, hecho denunciado también por el CERMI en su informe de 2.007, por parte de la Comunidad Valenciana que tiene a más de 70 ciudadanos de su ámbito de actuación en Fontcalent, de la Junta de Andalucía con más de 50 pacientes o de la Comunidad de Madrid, con más de 40 personas procedentes de la provincia de Madrid. Estas cifras son orientativas y se refieren al número de pacientes que había en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante en el segundo semestre de 2.008. Merece la pena contrastar ese “uso abusivo” del psiquiátrico de Fontcalent, con el escaso uso que hace del mismo la Comunidad Foral de Navarra que solo tiene a dos ciudadanos navarros en el psiquiátrico alicantino, dado su excelente programa de medidas alternativas que dirige el Jefe de los Servicios Sociales Penitenciarios de Navarra D. Amador Ruiz.
Actualmente el número de pacientes del Psiquiátrico supera los 390, cifra que desborda ampliamente la capacidad de sus instalaciones, construido en 1.984 para 250 personas, y sin el consiguiente aumento de personal que debería conllevar el aumento de pacientes.
El psiquiátrico penitenciario debería enviar a sus pacientes a sus respectivas Comunidades Autónomas de procedencia para ser tratados allí, la norma penal por la que están en Fontcalent es clara: “Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme al núm. 1º art. 20, se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento para tratamiento médico… en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie” (art. 101 Código Penal)
¿Es Fontcalent un establecimiento adecuado a algún tipo de anomalía o alteración psíquica?
Según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, muchas de las medidas de seguridad para tratamiento médico que se cumplen en Fontcalent podrían ser ejecutadas en recursos de las Comunidades Autónomas pero las Comunidades no tienen apenas recursos: mini residencias, unidades de larga estancia, pisos tutelados, centros de reinserción laboral y cuando tienen estos recursos rechazan a nuestros familiares y amigos por la incomprensión de la complejidad del problema. La ignorancia lleva a los prejuicios y al miedo a lo desconocido.
La heterogeneidad de los pacientes del Psiquiátrico no se da únicamente en el origen de los pacientes, sino también en la naturaleza de la enfermedad que los llevó a cometer un hecho previsto como delito y por tanto, en el tipo de tratamiento que deben recibir.
Debería volverse a definir el nombre del centro de Fontcalent como Psiquiátrico si acogiera solamente a pacientes con enfermedades mentales o pacientes con patología dual: enfermedad mental y algún tipo de adicción. Sin embargo, como aparece indicado en uno de los artículos más recientes que adjuntamos en el presente Dossier, Fontcalent se utiliza como “cajón de sastre” donde todo cabe. Pacientes con esquizofrenia o trastorno bipolar, mezclados con internos alcohólicos, toxicómanos o ancianos de 80 años con demencia.
Ante el presente panorama se antoja difícil el que nuestros familiares reciban un tratamiento adecuado a la enfermedad que padecen.
Las dificultades continúan cuando se acerca el momento del levantamiento de la medida de seguridad: muchas personas se encuentran sin un dispositivo médico al que acudir, sin un psiquiatra asignado y en ocasiones sin ningún tipo de apoyo social ni familiar, lo que les conduce a mendigar y a vivir en la calle.
En general, las Comunidades Autónomas desconocen la existencia de ciudadanos de su ámbito de actuación en el Psiquiátrico y cuando lo conocen, muy poca gente está dispuesta a recibirlos por su doble condición estigmatizada como preso y como persona con enfermedad mental.
En conclusión, la complejidad del asunto es abrumadora pero para nuestros familiares, para nosotros y para la sociedad en su conjunto es necesario una clara intervención política que aborde las dificultades que plantea el modelo actual y se ponga un poco de orden en medio de tanto caos.
Es posible que seamos cuantitativamente “pocos” los afectados. No obstante, el problema es cualitativamente muy importante. Es una verdad incómoda para quien lo quiera saber pero ahí está. Aquí estamos nosotros con nuestra cara, nombre y apellidos, pidiendo que se cumpla nada más y nada menos que lo que exige la Constitución:
Artículo 25.2: “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social….” En nuestro caso la mejor reinserción social se consigue pautando a nuestros familiares y amigos la atención socio-sanitaria adecuada: tratamiento farmacológico y seguimiento psiquiátrico continuado, apoyo psicológico, educación psicosocial: adquisición de conciencia de enfermedad, adherencia al tratamiento y reconocimiento de los síntomas característicos de su propia enfermedad.
Artículo 49; capítulo tercero “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos”. Del mismo modo, en el artículo 149.1 se establece que el Estado garantizará la igualdad de todos los españoles, entre los que, por supuesto, se encuentran los que se hallan privados de libertad. Nuestros familiares están privados de libertad, pero no por ello, debe privárseles del derecho a la salud.
En definitiva, necesitamos que se invierta en el futuro de todos los pacientes del Hospital Psiquiátrico, ya que les corresponde por propio derecho, y por extensión se estará invirtiendo en sus familiares y amigos, que verán mejorada su calidad de vida y en el resto de la sociedad, puesto que la sociedad necesita a estas personas.
AFAPI-HPPA
familiareshppa@gmail.com
639176347
653920742
677372422
AFAPI-HPPA se constituyó en marzo del año 2007 y está formada por familiares y amigos de pacientes ingresados en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante que se encuentran cumpliendo una medida de seguridad.
En España solamente existen dos Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios uno en Alicante y otro en Sevilla, entre los dos se distribuyen todas las personas con enfermedad mental que tienen que cumplir una medida de seguridad. A Alicante son derivados desde Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla-León, Castilla- La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Extremadura, Andalucía y Canarias. Actualmente hay casi 400 personas ingresadas. De nuestra Comunidad de Madrid había el pasado mes de agosto 50 personas.
Observamos que desde que se produjo la Reforma Psiquiátrica de los 80 del siglo pasado, se ha avanzado algo, quedaron atrás los horribles manicomios de los que no queremos oír ni el nombre y se han creado algunos recursos, pero éstos siguen siendo insuficientes tanto en número, como en las distintas formas de asistencia que puedan garantizar la rehabilitación, reinserción e integración social y laboral de las personas con enfermedad mental.
Esta carencia de recursos provoca que el Sistema Sanitario falle en el diagnóstico, tratamiento o seguimiento, y en algunas ocasiones como consecuencia de esta falta de recursos, estas personas pueden descompensarse y en pleno brote psicótico realizar un hecho previsto como delito. Entonces, se da la paradoja de que si una persona está en esta situación ya no es atendida por el Sistema Sanitario sino por la Institución Penitenciaria.
Imaginamos la expresión de incredulidad en aquellos que no estén familiarizados con el tema pero así es, esto sucede en pleno siglo XXI y seguirá sucediendo hasta que todos nos demos cuenta de la necesidad de luchar por nuestro derecho a una adecuada atención sanitaria, lo cual incluye un Sistema de Salud Mental a la altura de un país civilizado.
Desde AFAPI queremos poner de manifiesto la necesidad de crear de una forma urgente toda una red de recursos tanto sociales como sanitarios para reducir al mínimo la posibilidad de que una persona con enfermedad mental cometa un hecho previsto como delito y en el caso de que éste se produzca pueda ser atendida desde un recursos de salud comunitario, por su condición de enfermo. Y así, lograr que no haya ninguna persona con enfermedad mental en prisión.
Análisis de la situación actual del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante
El Hospital Psiquiátrico de Fontcalent es el Hospital Público de Referencia en España para el tratamiento de las personas con enfermedad mental que han sido declaradas inimputables o exentos de responsabilidad criminal por el artículo 20.1 del Código Penal, tras pasar por un proceso judicial.
Fontcalent fue inaugurado en enero de 1.984 como una Comunidad Terapéutica, con capacidad para 250 pacientes, con proyectos tan innovadores como las Salidas Terapéuticas para sus pacientes, incluidos aquellos que procedían de los pabellones de judiciales de los antiguos manicomios, personas que llevaban muchos años sin ver la calle volvieron a pasear por ella gracias al personal del Psiquiátrico.
Sin embargo, los recursos del centro empezaron a faltar a mediados de la década de los noventa y alrededor del año 2.000 la situación del psiquiátrico pasó a ser de abandono por parte de la Administración. El Hospital Psiquiátrico de Fontcalent pasó a ser el almacén de los olvidados, un auténtico centro penitenciario para inimputables, que ha llegado a alcanzar una cifra de 403 pacientes, con un número cada vez menor de personal sanitario.
Si hiciésemos un símil entre los medios con los que cuenta actualmente el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent comparándolos con los que tiene el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, con todo nuestro aprecio y respeto hacia los pacientes, familiares y trabajadores de dicho centro, estaríamos comparando probablemente a una persona sin hogar que mendiga en la Puerta del Sol con los recursos de aquella persona que vive en los pisos situados frente al famoso reloj.
El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo dependía históricamente de la Seguridad Social pero actualmente, aún conservando su carácter nacional depende del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM), mientras que el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent, también con carácter nacional, depende de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que a su vez cuelga del paraguas del Ministerio del Interior.
Las competencias en asuntos penitenciarios en el Estado Español las tiene el Gobierno de la Nación, salvo las que corresponden a la Comunidad Autónoma de Cataluña que fueron transferidas y están gestionadas hoy en día a través de la Secretaría de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil (Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació I Justícia Juvenil) dependientes a su vez del Departamento de Justicia Catalán (Departament de Justícia).
En el año 2.003 la Administración Catalana inauguró la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria (UHPP) de Can Brians para tratar a las personas con enfermedad mental de los centros penitenciarios catalanes. Si comparamos las instalaciones y los medios de la UHPP de Can Brians y las del Psiquiátrico de Fontcalent los datos pueden dejar a más de uno sin palabras.
Mientras que Can Birans atiende a 67 pacientes con 7 psiquiatras, en el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent para casi 400 pacientes sólo hay 1 psiquiatra titular, que además es liberada sindical, como psiquiatra funcionaria de carrera del centro. Además de esta persona, en Fontcalent hay 2 psiquiatras contratados a tiempo completo y 5 a tiempo parcial, es decir, que pasan consulta durante dos horas un día a la semana. Los resultados de la comparación son aplastantes, prácticamente el mismo número de psiquiatras para dos cifras de pacientes tan distintas, 7 u 8 psiquiatras para 400 pacientes en Alicante, 7 psiquiatras para 67 pacientes en Can Brians.
Por si esto fuera poco, la inestabilidad de la plantilla de psiquiatras es una constante, ya que las condiciones de trabajo, cláusula de exclusividad, etc. provocan que haya un continuo cambio de psiquiatra que atiende a nuestros familiares y amigos, tanto en lo que se refiere a los que son contratados a tiempo completo, como los que lo son a tiempo parcial. Estos cambios constantes, sumados a los pocos minutos que les corresponden del “reparto” del psiquiatra entre los pacientes del módulo, tienen graves consecuencias en la evolución de los pacientes del psiquiátrico.
La plantilla de psicólogos del centro de Fontcalent se reduce a 3. Tres psicólogos para casi 400 pacientes. La plantilla de enfermeros y celadores es también escasa y desde el verano ya se da como algo habitual que el auxiliar de enfermería esté compartido entre dos módulos, hay 2 auxiliares para los 4 módulos, atendiendo cada auxiliar a 200 pacientes.
Actualmente, la falta de personal tiene consecuencias también en el programa estrella del psiquiátrico, como son las Salidas Terapéuticas acompañadas por personal del centro, como no hay personal suficiente, se recorta el número de salidas, lo que también perjudica a los pacientes en la evolución de su enfermedad.
Mientras tanto, el número de funcionarios de prisiones en el psiquiátrico asciende a 65 personas y a este respecto, proponemos que los funcionarios de prisiones vayan sustituyéndose paulatinamente por personal sanitario ya que es la propia legislación penitenciaria la que establece en su artículo 11.b (Ley Orgánica General Penitenciaria) que en los Centros psiquiátricos, en cuanto establecimiento especiales que son, “prevalece el carácter asistencial”. Y ese carácter asistencial supone el tratamiento médico propiamente dicho y los cuidados sanitarios.
Las quejas sobre la comida son habituales desde que se sustituyó el Cocinero contratado como personal laboral por una empresa de Catering, se está convirtiendo en algo frecuente el hecho de que la comida no llegue para todos los pacientes o que tengan que retirarla en mal estado como volvió a pasar el lunes 12 de enero de 2.009 cuando al menos 15 pacientes se quedaron sin comer porque los filetes de ternera estaban verdes y olían de tal manera que no había quien se acercase a ellos.
Pedimos actividades todos los días para nuestros familiares y amigos pero los domingos, días festivos, vacaciones de Navidad y verano se cierran los talleres. El resto de días la oferta que existe solo alcanza a 50 pacientes. ¿Qué hacen mientras los otros 350?
Todo esto transforma el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent en un ALMACÉN de personas con enfermedad mental en toda regla.
El Hospital Psiquiátrico de Fontcalent alberga pacientes que proceden de todas las Comunidades Autónomas, lo que conlleva dificultades por parte de las familias para visitar a los pacientes, desarraigo familiar, falta de apoyo social, peor evolución, etc.
El número de pacientes por Comunidad Autónoma de procedencia varía de una Comunidad a otra, aunque merece la pena contrastar el “uso abusivo” del psiquiátrico de Fontcalent, hecho denunciado también por el CERMI en su informe de 2.007, por parte de la Comunidad Valenciana que tiene a más de 70 ciudadanos de su ámbito de actuación en Fontcalent, de la Junta de Andalucía con más de 50 pacientes o de la Comunidad de Madrid, con más de 40 personas procedentes de la provincia de Madrid. Estas cifras son orientativas y se refieren al número de pacientes que había en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante en el segundo semestre de 2.008. Merece la pena contrastar ese “uso abusivo” del psiquiátrico de Fontcalent, con el escaso uso que hace del mismo la Comunidad Foral de Navarra que solo tiene a dos ciudadanos navarros en el psiquiátrico alicantino, dado su excelente programa de medidas alternativas que dirige el Jefe de los Servicios Sociales Penitenciarios de Navarra D. Amador Ruiz.
Actualmente el número de pacientes del Psiquiátrico supera los 390, cifra que desborda ampliamente la capacidad de sus instalaciones, construido en 1.984 para 250 personas, y sin el consiguiente aumento de personal que debería conllevar el aumento de pacientes.
El psiquiátrico penitenciario debería enviar a sus pacientes a sus respectivas Comunidades Autónomas de procedencia para ser tratados allí, la norma penal por la que están en Fontcalent es clara: “Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme al núm. 1º art. 20, se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento para tratamiento médico… en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie” (art. 101 Código Penal)
¿Es Fontcalent un establecimiento adecuado a algún tipo de anomalía o alteración psíquica?
Según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, muchas de las medidas de seguridad para tratamiento médico que se cumplen en Fontcalent podrían ser ejecutadas en recursos de las Comunidades Autónomas pero las Comunidades no tienen apenas recursos: mini residencias, unidades de larga estancia, pisos tutelados, centros de reinserción laboral y cuando tienen estos recursos rechazan a nuestros familiares y amigos por la incomprensión de la complejidad del problema. La ignorancia lleva a los prejuicios y al miedo a lo desconocido.
La heterogeneidad de los pacientes del Psiquiátrico no se da únicamente en el origen de los pacientes, sino también en la naturaleza de la enfermedad que los llevó a cometer un hecho previsto como delito y por tanto, en el tipo de tratamiento que deben recibir.
Debería volverse a definir el nombre del centro de Fontcalent como Psiquiátrico si acogiera solamente a pacientes con enfermedades mentales o pacientes con patología dual: enfermedad mental y algún tipo de adicción. Sin embargo, como aparece indicado en uno de los artículos más recientes que adjuntamos en el presente Dossier, Fontcalent se utiliza como “cajón de sastre” donde todo cabe. Pacientes con esquizofrenia o trastorno bipolar, mezclados con internos alcohólicos, toxicómanos o ancianos de 80 años con demencia.
Ante el presente panorama se antoja difícil el que nuestros familiares reciban un tratamiento adecuado a la enfermedad que padecen.
Las dificultades continúan cuando se acerca el momento del levantamiento de la medida de seguridad: muchas personas se encuentran sin un dispositivo médico al que acudir, sin un psiquiatra asignado y en ocasiones sin ningún tipo de apoyo social ni familiar, lo que les conduce a mendigar y a vivir en la calle.
En general, las Comunidades Autónomas desconocen la existencia de ciudadanos de su ámbito de actuación en el Psiquiátrico y cuando lo conocen, muy poca gente está dispuesta a recibirlos por su doble condición estigmatizada como preso y como persona con enfermedad mental.
En conclusión, la complejidad del asunto es abrumadora pero para nuestros familiares, para nosotros y para la sociedad en su conjunto es necesario una clara intervención política que aborde las dificultades que plantea el modelo actual y se ponga un poco de orden en medio de tanto caos.
Es posible que seamos cuantitativamente “pocos” los afectados. No obstante, el problema es cualitativamente muy importante. Es una verdad incómoda para quien lo quiera saber pero ahí está. Aquí estamos nosotros con nuestra cara, nombre y apellidos, pidiendo que se cumpla nada más y nada menos que lo que exige la Constitución:
Artículo 25.2: “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social….” En nuestro caso la mejor reinserción social se consigue pautando a nuestros familiares y amigos la atención socio-sanitaria adecuada: tratamiento farmacológico y seguimiento psiquiátrico continuado, apoyo psicológico, educación psicosocial: adquisición de conciencia de enfermedad, adherencia al tratamiento y reconocimiento de los síntomas característicos de su propia enfermedad.
Artículo 49; capítulo tercero “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos”. Del mismo modo, en el artículo 149.1 se establece que el Estado garantizará la igualdad de todos los españoles, entre los que, por supuesto, se encuentran los que se hallan privados de libertad. Nuestros familiares están privados de libertad, pero no por ello, debe privárseles del derecho a la salud.
En definitiva, necesitamos que se invierta en el futuro de todos los pacientes del Hospital Psiquiátrico, ya que les corresponde por propio derecho, y por extensión se estará invirtiendo en sus familiares y amigos, que verán mejorada su calidad de vida y en el resto de la sociedad, puesto que la sociedad necesita a estas personas.
AFAPI-HPPA
familiareshppa@gmail.com
639176347
653920742
677372422
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